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La nueva Reforma Migratoria y la Ley C-31

Por Francisco J. Gómez | 09 de junio de 2012

La segregación social en Canadá parecía cosa del pasado, o al menos la percepción de aquel legado colonial se pensaba había quedado atrás. Sin embargo, las recientes reformas migratorias, y en especial el nuevo proyecto de Ley C-31 (Bill C-31), que está a portas de ser implementada en Junio de este año, demuestran lo contrario. No solo trata a las personas que buscan protección en Canadá más como delincuentes que como refugiados, sino que genera un estado de incertidumbre y zozobra tanto para quienes están en procesos de refugio como para aquellas personas que llevan años establecidas en el país.

London, ON.- La segregación social en Canadá parecía cosa del pasado, o al menos la percepción de aquel legado colonial se pensaba había quedado atrás. Sin embargo, las recientes reformas migratorias, y en especial el nuevo proyecto de Ley C-31 (Bill C-31), que está a portas de ser implementada en Junio de este año, demuestran lo contrario. No solo trata a las personas que buscan protección en Canadá más como delincuentes que como refugiados, sino que genera un estado de incertidumbre y zozobra tanto para quienes están en procesos de refugio como para aquellas personas que llevan años establecidas en el país.

 Sin duda en Canadá han existido políticas migratorias dañinas para algunos de sus residentes. Por ejemplo a mediados del siglo pasado familias enteras canadienses de origen japonés fueron llevadas a centros de detención luego de que sus propiedades y pertenencias fueran expropiadas. Posteriormente, en 1946, miles de ciudadanos canadienses, que nunca habían pisado suelo Japonés, fueron deportados u obligados a moverse a diferentes provincias donde sufrieron un nuevo proceso de segregación. Por estos hechos Canadá tuvo que pedir disculpas e iniciar un proceso compensatorio con los sobrevivientes de esta tragedia.

 Un modelo semejante de exclusión podría estarse gestando con la introducción de la Ley C-31 a la reforma migratoria. En el papel, el Ministerio de Inmigración no solo tendría el poder de veto sobre las personas que intenten apelar a su condición de refugiadas, sino que además podría terminar el estatus de residente permanente  a cualquier individuo que el ministerio juzgue no cumple ciertos criterios de permanencia en Canadá, o de aquellos casos en donde considere que la situación en su país de origen es “segura.”

 Varios argumentos ha clamado el ministro a favor de la Ley. Primero explica que muchos de los refugiados y/ó las personas clamantes de refugio llegaron a Canadá argumentando falsas persecuciones y que en ciertos países ya no existe conflicto. Adicionalmente, informa que el objetivo de la ley es combatir la trata de personas y acelerar los procesos de refugio. No obstante, la ley es ambigua en cuanto judicializa a los clamantes de refugio pero en ningún momento hace referencia a las personas que manejan el negocio de trata de personas. Así mismo, la reforma migratoria pone en un mismo costal a todos los grupos sociales o personas perseguidas que abandonaron su país por motivos muy diversos. Esto no quiere decir que todos los individuos que fueron o son clamantes de refugio van a ser deportados sino que el lenguaje usado en la redacción de la ley es vago y deja vacíos que pueden prestarse para a interpretaciones equivocadas o con tinte político y que por consiguiente podrían llevar a que muchas personas sean deportadas bajo falsas premisas.


 Finalmente, la Ley C-31 genera un fenómeno de “Apartheid” en el que los ciudadanos van a comenzar a ser categorizados de primera o de segunda clase con un trato diferencial de acuerdo a la manera como llegaron a Canadá. Un ejemplo concreto van a ser las limitaciones  de los clamantes de refugio en el acceso y la cobertura de salud incluyendo exámenes médicos, medicamentos y vacunaciones.  Lo peor es que la Ley acentúa las percepciones equivocadas hacia la población refugiada y su condición social en el sentido en que se consideran una carga económica para el país y no parte del motor de la prosperidad canadiense. Como consecuencia se genera un fenómeno de doble victimización (tanto en Canadá como en el país de origen) en el que los clamantes de refugio no solo van a ser enviados a centros de detención sino que la Ley C-31 disminuye de manera considerable los tiempos de preparación y apelación en cada caso. Tampoco es clara en definir como se van a llevar a cabo los procesos de preparación, recolección de pruebas, ni el acceso de los representantes legales a las personas detenidas.


 Generalmente tendemos a ignorar lo que no nos afecta de manera inmediata. Por ello es indispensable entender que la nueva ley migratoria no solo promueve la segregación social sino que apoya la creación de un sentimiento de desconfianza hacia los refugiados. Es de entender que las leyes migratorias, de refugio y trata de personas deben ser reformadas pero no por ende se debe precipitar el reemplazo de la justicia por la eficacia sin un amplio debate nacional. Igualmente, las personas que fueron o son clamantes de refugio van a permanecer en un estado de incertidumbre y miedo por falta de claridad tanto en la Ley como en la información pertinente. Como resultado se afianza el estereotipo de rechazo social y estigmatización que sufre toda persona que busca protección en cualquier lugar del mundo y que, al menos hasta hace poco, se creía impensable en un país tan multicultural y diverso como Canadá.


 La sociedad civil debe movilizarse y conocer más acerca de la nueva ley de refugio y otras leyes migratorias. Así mismo, la reciente presión de grupos sociales ha permitido enmiendas a ciertas partes de la Ley C-31 como la disminución en los tiempos de detención y la  modificación acerca de la cesación del estatus de residente permanente. Es de esperarse que tanto el Parlamento Canadiense como la misma Corte Suprema de Canadá aborden el tema muy pronto y no permitan que una ley de este tipo viole los tratados internacionales de protección de personas, ni que afecte la constitucionalidad de un país que sigue siendo considerado a nivel mundial el adalid del respeto y la protección de los derechos humanos.

Francisco Gómez es Ingeniero Agrónomo que reside hace más de 10 años en Canadá y cursa la Maestría de Estudios Globales en la Universidad de Athabasca.

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